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Boletín InterConectados octubre 2025

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Editorial

El Servicio Comunitario Venezolano 20 años después: ¿mal concebido o mal implementado?

Luis Ordóñez, Interconectados (con la ayuda de Gemini “Deep Reseach”)

Dos décadas han transcurrido desde la promulgación de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (LSCEES) en Venezuela, un instrumento que, en su concepción, se erigió como un faro de ambición social. Su marco filosófico, anclado en los principios constitucionales de corresponsabilidad y solidaridad, buscó una redefinición de la universidad como un agente activo en el tejido social. La ley aspiraba a trascender la mera formación profesional para forjar un nuevo tipo de egresado: un ciudadano con conciencia social, capaz de aplicar sus saberes en la resolución de los problemas comunitarios. Sin embargo, un análisis crítico de su trayectoria revela una persistente brecha entre el ideal de la norma y la realidad de su ejecución. La pregunta fundamental que se impone hoy es si la ley falló en su diseño o, más bien, si su implementación ha sido deficiente.

Desde una perspectiva teórica, la LSCEES fue, en gran medida, bien concebida. Sus fines, detallados en el Artículo 7, son loables y coherentes con un modelo educativo moderno que promueve el aprendizaje-servicio y la vinculación con la comunidad. La ley establece roles y obligaciones claras, buscando una articulación entre estudiantes, docentes, instituciones de educación superior y la sociedad. No se trataba de una simple directriz, sino de un mandato de Estado que aspiraba a la ingeniería social, a la formación de un “capital social” nacional. Este enfoque de arriba hacia abajo, aunque utópico en su alcance, es analíticamente sólido y coherente con un proyecto de país. La LSCEES buscó integrar la dimensión del “ser y convivir” en un currículo tradicionalmente enfocado en el “saber conocer y hacer”.

No obstante, las fallas documentadas en su implementación son profundas y sistémicas. La implementación de la ley ha sido consistentemente deficiente. La evidencia de la desconexión curricular, las dificultades de los docentes y la falta de un verdadero “diálogo de saberes” con las comunidades demuestra que los fines de la ley no se han alcanzado de manera efectiva. La principal evidencia de esta deficiencia reside en la percepción estudiantil. Un hallazgo crítico es que más de la mitad de los estudiantes no ve correspondencia entre los conocimientos adquiridos en su carrera y los problemas reales de las comunidades, lo que desvirtúa el principio central de “aprendizaje-servicio”. La paradoja de la obligatoriedad, que busca fomentar valores éticos de manera coercitiva, ha transformado, en muchos casos, el servicio de una experiencia potencialmente transformadora en un mero requisito burocrático. La motivación del estudiante se ha desplazado del compromiso ético a la culminación de un trámite más para obtener el título, un “cajón” que debe ser tachado.

A esta disonancia se suman los desafíos institucionales. Las universidades, a pesar de sus atribuciones legales, han luchado por integrar el servicio de manera orgánica en el currículo. La evidencia sugiere una dificultad para pasar de la “planificación de escritorio” a una co-creación genuina con las comunidades. El “triángulo multiplicador” propuesto por la ley, que busca la colaboración entre la universidad, el estudiante y la comunidad, ha colapsado en la práctica, reduciendo el rol de los actores comunitarios a meros receptores de un proyecto impuesto. Esta falta de un “diálogo de saberes” ha impedido que el conocimiento académico se traduzca de manera efectiva en soluciones socialmente relevantes; para demostrar esta afirmación, bastaría revisar el número de ofertas de servicios comunitarios ofrecidas por la universidad y compararlas con la demanda de proyectos de servicios comunitarios generados desde las comunidades.

En conclusión, la LSCEES es un caso de estudio fascinante de una política pública, estupenda en su concepción, pero fallida en su implementación. Su visión es admirable y refleja un ideal de educación superior que trasciende la mera instrucción. Sin embargo, la ausencia de mecanismos efectivos para traducir ese ideal en la realidad cotidiana ha socavado sus fines más profundos. La ley no previó la falta de recursos, la falta de preparación de los propios docentes y la rigidez de las estructuras institucionales para afrontar una transformación tan radical. La lección para el futuro es que el diseño de una política social no puede limitarse a la enunciación de principios; debe estar acompañado de un pragmatismo en la implementación, que garantice los recursos, la formación y los mecanismos de monitoreo necesarios para que el ideal se materialice. La verdadera excelencia reside en la síntesis de un “qué” ambicioso con un “cómo” efectivo.

Noticias de Interconectados 

Foto:@ UNICEF Venezuela/2025/Pocaterra

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef-, en su capítulo de Venezuela, ya tiene en su ejercicio a su nuevo representante residente, Manuel Rodríguez Pumarol. Antes de su nombramiento en el país, ocupó el mismo cargo en Guatemala desde julio de 2023. Rodríguez Pumarol, nacido en República Dominicana, cuenta con una experiencia de 25 años en liderazgo gerencial en diseño de programas de protección social para la salud y está en la institución desde 2017. La atención a la infancia es fundamental para el desarrollo de la sociedad, y forma parte de la tríada escolar en los proyectos de ciencia ciudadana, particularmente en la ciencia ciudadana escolar.

La Universidad Central de Venezuela establece un convenio de cooperación con el Centro Internacional para la Innovación en la Educación Superior (Ichei), una entidad, que forma parte de la Unesco, enfocada en la formación de recursos en Inteligencia Artificial. El proyecto, llamado Fortalecimiento de competencias Tecnopedagógicas en Tecnologías Emergentes en los docentes de la Universidad Central de Venezuela: microcertificaciones en Inteligencia Artificial, persigue el objetivo de formar en inteligencia artificial a docentes en el sistema de educación a distancia de la universidad, adaptada a las necesidades de la región y bajo criterios de sostenibilidad y protección al ambiente. Más detalles sobre esta información en este enlace.

Entre boletines

La ciencia ciudadana tiene su espacio particular en la Bitácora de Interconectados. Todos las entradas cuyos títulos contengan este concepto, son y serán agrupadas en la pestaña correspondiente, dentro del submenú de la bitácora. La historia del proceso que llevó a esta creación se puede detallar por aquí.

La situación de Venezuela respecto al resto de América Latina en cuanto a investigaciones sobre ciencia social ciudadana, ciencia ciudadana o ciencia social escolar es consultada en esta publicación, invitando a que los lectores interesados continúen aportando sobre el tema.

Infoteca

La inquietud sobre el éxito en la aplicación de la Ley de Servicios Comunitarios ya fue abordada en el marco del III Foro Invertido de Interconectados. La ponencia, titulada «¿Cumple el Servicio Comunitario universitario las funciones para las que fue creado?«, publicada en 2015 por la profesora Migdalia Trocel, busca criterios para evaluar el impacto de la ley. Otra ponencia, dentro del mismo foro, evalúa sobre quién da el primer paso para el desarrollo de un proyecto de servicio comunitario: ¿El equipo docente? ¿Los estudiantes? ¿La Comunidad? La relación estudiante-profesor en este proceso es investigada por Elieth Diez.

 

Pero hay más en la bitácora. En la sección BUSCAR escriba servicio comunitario, le da click a Buscar y hallará mucho más material de interés.

 

Edición: Leonardo Picón. Equipo de apoyo: Zuly Del Fiaco,  Luis Ordóñez, Fernando Díaz, Alberto Castellano(✟)

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