Claudio Bifano *
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Educación,
Enrique Ramos, informó que “Estamos llevando adelante la posibilidad de la ley de
universidades, no está en el cronograma para este año, pero, nosotros estamos
recibiendo a todos los ciudadanos que tengan alguna propuesta, esperamos que la
junta directiva lo considere, y podamos seguir trabajando en eso”, expresó en una
entrevista concedida para el programa Al Instante de Unión Radio. Así lo reporta la
noticia.
Los universitarios tenemos la obligación de estar atentos a lo que el gobierno quiere, o
dice que quiere, hacer con las universidades nacionales. Ya en el pasado se puso en marcha un programa que, por decreto del Ministerio de Educación Universitaria, crea nuevas universidades con la idea vaga y populista de que todos los jóvenes, de cualquier parte del país, tuvieran la oportunidad de obtener un título universitario, sin tener en cuenta que las universidades no son “fábricas de titulados ni dispensadoras de títulos” como se ha dicho, sino instituciones esenciales para un desarrollo efectivo del país y no para formar “cuadro” que respondan a intereses de un sistema político o de un sector privado qe los requiera ¿Además, quién dijo que todos los jóvenes quieran o deban estudiar en una universidad?
Cuando se crearon las primeras universidades con un enfoque ideológico-político como la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana, quienes formaban parte de los organismos que tenían la responsabilidad de velar por el nivel académico de las universidades, pasaron por alto exigir a los planificadores de esas universidades que demostraran la disponibilidad de profesores que, además de ofrecer una docencia ajustada a las exigencias actuales, fueran capaces de generar nuevo conocimiento o aplicarlo para dar respuesta a necesidades de la sociedad. Y las consecuencias están a la vista.
Los tiempos que vivimos obligan a las sociedades a enfrentar nuevos retos que obligan a ver a la Universidad como un espacio de aprendizaje, un motor de cambio social, una oportunidad de negocio, y un aliado para la productividad.
Como espacio de aprendizaje, que es su función primordial, debe formar personas competentes para desempeñarse en alguna de esas áreas capaces de responder, con conocimiento, a las principales necesidades de la sociedad y a la solución, tanto global como local, de asuntos de interés para el país, con un aporte de investigación y gestión que pueda generarle dividendos de diversa índole.
Como parte integrante de la ecuación de desarrollo del país, que es como hay que entenderlas, las universidades no pueden pasar por alto las realidades que imponen el presente y sobre todo el futuro y dar cuenta a la sociedad sobre su contribución al desarrollo integral del país, que es uno, quizás el más importante, resultado de la educación.
Aunque todo lo dicho es del conocimiento de un amplio sector de la sociedad, (ver este enlace) es bueno recordarlo porque, a pesar de las experiencias vividas con la creación de nuevas universidades, de la misión alma mater, de la inclusión de proyectos socioproductivos entre las funciones de las universidades, etc., la Asamblea Nacional, en otra manifestación de populismo declara, a través de su representante, que “estamos recibiendo a todos los ciudadanos que tengan alguna propuesta,” se entiende que sobre el contenido o la orientación, de esa nueva Ley, como si la ley debiera ser producto de un consenso democrático. No es así, la idea de democracia para gobernar un país no se puede aplicar a la concepción de leyes que requieren conocimientos específicos.
¿Cambiar?
¿La Ley de Universidades vigente requiere cambio?, la respuesta es sí. Pero los cambios deben ser de fondo más que de forma, como ocurrió con la reforma de 1970. Me atrevo a decir que lo primero que hay de dejar sentado es que no todas las universidades deben asumir las mismas funciones. Y así ha ocurrido de hecho.
Tenemos universidades que cultivan todas las áreas del conocimiento, otras tienen un marcado perfil tecnológico, otras están enfocadas al área de la salud, del agro, de las artes, del deporte, etc. Atendiendo al concepto de autonomía, que es consustancial con la razón de ser de todas las universidades desde la edad media, pensamos que una nueva Ley de universidades debe ser general más que normativa para que sea aplicable independientemente de la orientación de la institución.
Debe contener los valores que son comunes a todas las universidades, como ser instrumento de transformación social y mejoramiento económico del país, formar profesionales altamente capacitados en sus áreas y competitivos a nivel nacional e internacional, valorizar la producción o aplicación del conocimiento a través de la investigación y divulgarlo a la sociedad, resaltar la función de la comunidad universitaria de profesores y estudiantes, así como preparar ciudadanos capaces de tomar sus propias decisiones de vida sobre la base de su formación profesional, y estos, entre otros, deber ser resperadas por todas las instituciones universitarias.
Sobre la base de esta definición, cada una puede y debe decidir, de manera autónoma, su sistema de evaluación del personal académico y administrativo, la elección de las autoridades, las formas de garantizar su sostenibilidad financiera, los aspectos salariales de su personal, sus relaciones con los sectores productores de bienes y servicios, la admisión y permanencia de estudiantes y profesores, así como la orientación de la investigación científica, tecnológica y humanística que deben realizar y de los estudios de posgrado.
Además, la orientación de investigación que cada una debe hacer, los postgrados que está en capacidad de ofrecer y los mecanismos de control académico los define la orientación y los fines que persigue. Todo esto formará parte de reglamentos internos aprobados por la institución y refrendados por el ente oficial responsable de la educación universitaria
Con el debido respeto a todos los ciudadanos que tengan alguna propuesta sobre asuntos que debe contemplar una nueva Ley de Universidades, hay que tener en cuenta que para que sea útil, debe servir para definir una visión moderna de las instituciones de educación superior. Las sugerencias sobre el contenido de una nueva Ley pueden ser útiles siempre que los encargados de elaborarla tengan en mente cuales son las funciones de estas instituciones y para ello es indispensable contar con el conocimiento y la experiencia de profesionales que puedan demostrar que han trabajado y vivido el desarrollo de la universidad nacional y conocen los retos que esta debe asumir para que llegue a ser un factor de desarrollo social y productivo del país.
La Universidad no es un ente abstracto sujeto a manipulaciones políticas de las leyes que las rigen, su prestigio se basa en la presencia de profesores preparados y comprometidos con la institución más que en su rutina administrativa. Compilar una nueva Ley de universidades es un reto que los profesores debemos tener muy claro para preservar los principios cardinales de la universidad.
* Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
Individuo de Numero de Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales
Para consultar
https://nuevauniversalia.wordpress.com/2020/09/10/repensar-la-universidad-por-nueva-
universalia/
https://www.researchgate.net/publication/267955606_SOBRE_EL_CAMBIO_EN_LA_UNIVERSIDAD
Leonardo Picón Lobo
septiembre 5, 2022El contexto justo ahora no es el más favorable y será un reto para la comunidad académica enfrentar al mismo tiempo un gobierno hostil a la universidad. Aquí hay un botón de muestra https://elcooperante.com/tsj-multo-a-varias-universidades-tras-demanda-contra-la-onapre/
Rosángela Bustillos
septiembre 7, 2022Ley de universidades tenemos y hacer una nueva Ley , podría ser más adelante, lo importante es el rescate y la dignificación de la educación superior, destacar la importancia para el desarrollo de los pueblos y para la auto realización del individuo.