La dificil dualidad del político-decisor de políticas públicas en el Parlamento

Con el resurgir de la esperanza democrática en Venezuela, producto de los resultados obtenidos en el reciente proceso electoral parlamentario (6D de 2015) que se traducirá en breves días (5E de 2016) en la instalación de un nuevo parlamento, y que ha sido descrito en forma esperanzada como “… después de aquél fatídico golpe, de ese infortunado ramalazo y de sus secuelas desventuradas (las del 4F de 1992), la única cosa buena que nos ha finalmente ocurrido, de peso e importancia equivalentes, es la que se deriva de los resultados de las recientes elecciones parlamentarias del pasado 6D”, vuelve a la palestra el tema de cómo lograr mayor eficiencia en las actividades de los diputados recién electos frente a las múltiples tareas que tendrán por delante.

Vemos entonces como abundan las recomendaciones, no faltan quienes les soliciten “establecer, alimentar y fortalecer algo que nunca ha existido: contacto directo con sus votantes” al tiempo que se espera que resuelvan los diputados los problemas que hoy por hoy abundan en la sociedad venezolana, tanto económicos, como administrativos, como éticos. Pero la realidad es que debemos ajustar las expectativas y los procedimientos a lo que dice el propio parlamento.  En su página web se describe como Objetivo “Garantizar el ordenamiento jurídico del país y su adecuación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”, y sus actividades quedan organizadas en el Reglamento Interior y de Debates.

En este Reglamento se fijan como Deberes de los diputados entre otros, los siguientes (Art. 13):

2. Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y ciudadanas de su  circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias y propuestas de manera directa o a través de los diferentes medios de participación.

4. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones de la Asamblea Nacional, comisiones y subcomisiones, salvo causa justificada, en cuyo caso deberá garantizar la incorporación de su suplente.

5. Pertenecer con derecho a voz y voto a una Comisión Permanente.

En relación a lo anterior, y a los efectos de la discusión que sigue, es conveniente también mencionar que entre los Derechos de los Diputados están los de (Art.17):

10. Recibir formación integral acorde a su actividad parlamentaria.

11. Recibir apoyo de los equipos de investigación, asesoría y técnicos que existan en la Asamblea Nacional, para el fortalecimiento de la gestión y conocimiento legislativo.

Todo lo anterior nos lleva a las Comisiones Permanentes del Parlamento, que en su Artículo 38 especifica:

La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas a los sectores de la actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y promover la participación ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer controles; estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes y demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus miembros sean consideradas procedentes, y aquellas que le fueren encomendadas por la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, los ciudadanos o ciudadanas y las organizaciones de la sociedad en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento.

Las Comisiones Permanentes de acuerdo al Reglamento vigente son quince, a saber:

Política Interior

Política Exterior, Soberanía e Integración

Contraloría

Finanzas y Desarrollo Económico

Energía y Petróleo

Defensa y Seguridad

Desarrollo Social Integral

Cultos y Régimen Penitenciario

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

Pueblos Indígenas

Poder Popular y Medios de Comunicación

Ciencia, Tecnología e Innovación

Cultura y Recreación

Familia

Administración y Servicios

Vemos entonces reflejada en toda su verdadera dimensión el problema de la dualidad que enfrentan los diputados recién electos y que estarán iniciando funciones. Por una parte deberán mantener estrecho contacto con sus electores (acciones de vinculación y política entendida en el sentido tradicional del término) y por el otro, deberán emitir juicios y tomar decisiones de política pública en aspectos altamente especializados como corresponde en el trabajo de las Comisiones. Para esta última tarea deberán contar con los equipos de apoyo que existan en la propia Asamblea y la capacidad que estos tengan de lograr la colaboración eficiente de los actores en capacidad de movilizar conocimiento para que el análisis y las decisiones de políticas públicas sean lo mas acertadas posibles y su evolución se logre en base a experiencias adquiridas dentro de procesos racionales.

El mayor obstáculo para lograr eficientemente la necesaria movilización de conocimientos entre la sociedad y los parlamentarios será de origen cultural, lo que Arturo Uslar Pietri describía en su “Alegato por la cuatro comunidades” conferencia dictada en Bogotá en la Catedra de las Américas de la Universidad de los Andes como: “Esas aspiraciones y tentativas heroicas de crear un nuevo orden tropezaban con la dura realidad social e institucional legada por el pasado de lo que habían sido las colonias españolas. Esas sociedades tenían un orden, pero no era un orden que brotaba de adentro, estaba impuesto desde afuera, en un sistema vertical de autoridad y castas, sacralizado, que descendía hasta el pueblo y no subía de él,…” En cierto modo es lo que un reciente pasado autoritario y populista ha profundizado más aun y contra lo que tendrán que luchar las nuevas autoridades de la Junta Directiva del Parlamento y todos sus integrantes, sean estos políticos o técnicos.