El texto es una ponencia presentada por el doctor, Luis Ordóñez, presidente de la Fundación Interconectados en 1986, y destaca con el tiempo las dificultades para la colaboración entre universidades, un problema que lleva bastante tiempo.
PONENCIA:
LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DE COORDINACIÓN
DE LAS REDES REGIONALES DE LA EDUCACIÓN
Presentada por el Dr. Luis Ordóñez, miembro del
Directorio del CONICIT. Secretario de la Comisión
de Ciencia y Tecnología del Congreso Nacional.
En primer lugar deseo agradecer al Comité Promotor y al Comité Organizador de este importante Simposio, la deferencia que han demostrado al invitarme a ser uno de los ponentes en el mismo, máxime tomando en cuenta que represento, quizás, al sector no universitario, por no encontrarme en estos momentos ejerciendo la cátedra universitaria.
Este no estar involucrado en la actividad diaria universitaria, el no convivir permanentemente con estudiantes y profesores, genera imágenes distintas, formas de expresión diferentes, que han ido causando en el pasado una diferenciación extrema entre el mundo universitario y el resto
del país nacional. Esta situación no es hipotética sino que por el contrario, se refleja en el Proyecto de Ley que hoy nos toca analizar y discutir.
Tomemos por ejemplo el tema que nos corresponde desarrollar, el de los órganos de Dirección y de Coordinación de las Redes Regionales de la Educación Superior. En términos concretos nos estamos refiriendo exclusivamente a los Artículos 73 y 74 del Proyecto de Ley, los cuales expresan:
Art. 73. «En las redes institucionales integradas existirá un órgano de dirección central con asiento en la sede regional, el cual ejercerá sus funciones sobre la totalidad de la red. «En las redes intermedias y en los núcleos locales funcionarán los órganos de dirección pautados en el reglamento general del instituto».
Art. 74. «En las redes interinstitucionales integradas existirá un órgano de coordinación conformado por los rectores o directores de los diversus institutos que Constituyen dicha red, un representante profesoral, un representante estudiantil y un representante de los trabajadores, escogidos mediante votación directa y secreta respectivamente, por los profesores integrantes del Claustro, por los estudiantes y por los trabajadores de los institutos que integran la red.
«El Consejo Nacional de Educación Superior reglamentará los requisitos de elección y la duración del período de estos representantes».
Si pasó inadvertido para alguno de los lectores, permítanme indicarles un hecho extraño en los dos artículos citados: En ningún caso la Región es tomada en cuenta en los mencionados Órganos de Dirección y de Coordinación sobre los que queremos legislar. Es obvio que surja la pregunta de qué queremos dirigir y para qué tenemos que coordinar. Pareciese, si concluimos de la lectura ya mencionada, que la regionalización es una actividad meramente burocrática de la Educación Superior, y no expresión de Política tendiente a dar respuesta adecuada a los problemas planteados por las diferentes regiones que conforman el país.
Generemos, para lo que sigue, un esquema de partida que nos sitúe en la Venezuela de hoy en una región de provincia. En primer lugar, podemos afirmar que en la mayoría de los casos la única concentración física real de talento y conocimiento lo constituyen la o las instituciones de Educación Superior que se encuentren presentes en la región. Es sólo natural, entonces, que el entorno inmediato integrado por las empresas de producción, los talleres, los Consejos Municipales tengan intereses específicos en interactuar con esa institución que acoge toda una serie de profesionales de posible interés para ese entorno. Esa utilización por las diferentes organizaciones que rodean una institución de educación superior debería de ser, al menos en teoría, el interés fundamental para darle acogida en la comunidad y brindarle todo el apoyo para que se establezca y dé frutos.
Por otra parte, de la interacción con la comunidad deberían ir surgiendo los primeros proyectos de investigación y asistencia técnica en el seno de la institución; ese tratar de ayudar y no conocer las soluciones, el querer participar y no contar con el recurso humano adecuado son factores que deberían ir delimitando las carreras y opciones del diseño curricular y, de todo ello, debiera surgir una educación que perpetúe y desarrolle el entorno que acoge a la institución. Pero el proceso que ha venido caracterizando a la educación superior en nuestro país pareciera haberse basado en otro modelo; por una parte, la institución pareciese estar sólo interesada en sus problemas internos, con programas de extensión prácticamente inexistentes o cuando más reducidos a los aspectos culturales del proceso, sin una investigación basada en la problemática del medio. Con muy contadas y honrosas excepciones, las instituciones de educación superior transmiten al medio ambiente las últimas ideas antes expresadas, produciéndose así la diferenciación entre sociedad y universidad que comentábamos al inicio de nuestra ponencia. Si he de utilizar un ejemplo más claro, baste recordar los dos artículos citados de la Ley, que no incluyen ni en los órganos de Dirección, ni en los de coordinación, ningún representante de esa comunidad que acoge, respalda y es la razón de ser de la presencia de esa educación superior en la región.
Sería posible extraer algunas conclusiones prácticas de lo hasta aquí dicho: en primer lugar, tenemos que admitir que la Educación Superior no es sólo problema de las universidades y de los profesores, estudiantes y obreros que las conforman, sino, también, de las comunidades que las acogen. Esta situación no está reflejada en el actual Proyecto de Ley: ni en el artículo 40 que define el Consejo Nacional de Educación Superior y donde sólo aparecen el CONICIT y Cordiplán como agencias externas al sector, ni en el artículo 59, que define los Consejos Regionales de Educación Superior y donde se menciona a las Corporaciones de Desarrollo Regional, tampoco, como ya hemos visto, a nivel de los artículos 73 y 74 que definen los órganos de Dirección y coordinación a nivel regional.
Un aspecto donde se pueden evidenciar las consecuencias de este tipo de acción, lo encontramos en el caso de las Fundaciones que han venido auspiciando los Institutos y Colegios Universitarios dependientes del Ministerio de Educación con el propósito de facilitar el apoyo del entorno a los objetivos básicos de estas instituciones, y que podrían servir de vínculo que facilite las labores de extensión de este subsector de la Educación Superior. La realidad ha sido que, salvo muy contadas excepciones, el lograr incorporar a la comunidad en la dirección y conducción de estas fundaciones ha sido tarea muy difícil, principalmente por el desconocimiento que tiene esa comunidad de las labores que realiza y los procedimientos que utilizan los centros educativos.
Ahora bien, ciertamente que el modelo planteado al inicio de la ponencia pudiera ser calificado de utópico. Podría asomarse que el entorno no sabe cómo utilizar la Academia, que no está en capacidad de utilizar ese potencial. Estas conclusiones hubieran podido ser válidas hasta un pasado bastante reciente, donde en parte por las ventajas derivado de un bolívar sobrevaluado, y en parte por nuestra incapacidad para construir Sistemas de Información eficientes, porque resultaba mucho más eficiente para nuestro aparato productivo el utilizar el sometimiento extranjero vía «el Dr. Télex», que nuestro potencial científico y tecnológico localizado en los Institutos de Educación Superior y de Investigación.
¿En qué no cambiado las circunstancias ? En primer lugar, la necesidad de capacidad técnica nacional es ahora mucho mayor, por lo que los usuarios de conocimiento están ahora dispuestos a hacer un esfuerzo mayor que en el pasado por obtener esa experticia nacional. En segundo lugar, el sector científico-tecnológico ha venido haciendo un importante esfuerzo por mejorar los niveles y sistemas de información de que disponemos; es así como han ido surgiendo redes de fomento de la investigación en los Institutos y Colegios Universitarios, coordinaciones de investigación en el IVSS, unidades de interfase entre el sistema c y t y los usuarios como en Fundavac y el Instituto de Asistencia Integral de la Pequeña y Mediana Industria (IASI), entre otros. La nueva ley del Conicit obliga a este organismo a generar sistemas regionales de C y T que son fundamentalmente unidades de acumulación, procesamiento y diseminación de información relativa a las posibilidades de asesoría y asistencia técnica localizadas en el sistema de educación superior y en el de investigación.
Todo este esfuerzo por aprender a usarnos los unos a los otros debería ser característico de la nueva etapa que vive nuestro país, y debería reflejarse en los sistemas legales que vayamos generando de aquí en adelante. No nos podemos permitir experimentos autárquicos en ningún sector de la sociedad venezolana, ciertamente que tampoco podemos permitir que se desvirtúen en sus fines las instituciones, de allí que sea labor de los académicos representados en esta reunión por una serie de destacadas personalidades, encontrar los mecanismos que aseguren la participación de eso que hemos definido como «entornos» en la dirección y coordinación del sistema de educación superior sin que se corra el riesgo de alterar lo esencialmente académico en estas instituciones. Señores, ese es el reto.
Gracias.
Debate sobre la ponencia de Luis Ordóñez
Moderador: Rafael de la Cruz
Relator: Rita Pucci de Liprandi
1. RESUMEN DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL PONENTE
1 . 1 . Por sus características de actor externo al sistema de educación superior, el ponente dice traer una visión de la problemática «desde afuera», representativa de diferentes sectores sociales interesados en la Ley de Educación Superior.
1 . 2 . Para el análisis de los órganos regionales, según el ponente, hay que colocarse en la perspectiva de la Venezuela de hoy y en una óptica regional; «en la provincia», donde hay concentración de talentos formados con los recursos del Estado, que tienen un potencial efecto transformador sobre su medio, bajo la forma de resolver problemas de su entorno específico (asistencia a empresarios, Concejos, prestación de servicios, etc.) . También a través de la generación de investigación, nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes formados, etc.
1.3. En ese sentido, debe convertirse al docente universitario (investigador-extensor) en un «gerente de conocimientos para la comunidad».
2. ACUERDOS – DESACUERDOS CON EL PROYECTO DE LEY DE E.S.
2 . 1 . Le parece al ponente que las líneas generales del Proyecto de
Ley se adecúan a esta concepción de la relación comunidad-universidad,
pero no así los detalles del mismo.
2 . 2 . Por ejemplo, en la estructura del CNES y de los CRES sólo aparecen CORDIPLAN y CONICIT (que forman parte de la misma comunidad académica) y un delegado por las Corporaciones Regionales.
Igualmente, en las redes regionales no hay representantes del entorno social y tampoco se define cómo va a ser esa participación en los máximos centros de decisión.
En la selección tampoco ha participado la comunidad; deberían existir criterios de selección diferenciales y particulares en cada región.
2.3. De esa manera pierde sentido, a juicio del ponente, la coordinación planteada por el Proyecto de Ley y se trata más bien de sistemas «autocontenidos» o «autosuficientes» que deberían ser, en cambio, de parte de la Sociedad para la cual existe esa Universidad y de la cual se alimenta.
2.4. El ponente está completamente en desacuerdo con la idea de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque opina que la ciencia y la tecnología son fundamentales en el proceso educativo, pero no se agotan en el mismo. La técnica, como agente de cambio social que permea todos los sectores, no puede ser concentrada en un Ministerio.
2.5. Estos problemas están relacionados con el «sistema de evasión de responsabilidades» de la educación superior. Según el ponente, no se ve en la Ley responsabilidad con el estudiante ni con el egresado. Está de acuerdo con la regionalización pero no con el sentido que tiene en la Ley, es decir, sin comunicación con su entorno.
2.6. Si hay un solo cuerpo de dirección que atiende todas las demandas externas e internas, que además de ser diferentes tienen tiempos de respuesta distintos, no se pueden atender todos los problemas y hay crisis.
Extensión muy breve
Investigación más lento
Política educativa plazo social más largo
Generalmente se atiende la docencia y son pospuestas la investigación y la extensión que deberían tener respuestas rápidas.
2,7. Habría que desagregar entonces ‘diversas unidades para que obtengan información y operen sobre los distintos problemas, a nivel regional, y luego la integren y pasen a la instancia central.
Es por falta de información que no se usa el potencial de la universidad. La interacción y las convenios se dejan al azar, a la iniciativa individual, pero no está estructurado un sistema de comunicación y articulación:
2.8 . En conclusión, al parecer del ponente, es poco lo que resuelve el proyecto de Ley en esa línea de vincular a las instituciones de educación superior con la Sociedad. «La Ley se queda corta para un sistema abierto»; lo cual contrasta, de paso, con la exposición de motivos que si pareciera enfocar el problema de forma adecuada.
DISCUSIÓN: Hubo dos rondas de preguntas en las que intervinieron el Dr. M. Layrisse y el Dr. M. Laufer del IVIC; los profesores R. Hanny L. Díaz del Instituto Politécnico de Guayana; el Dr. J. R.
Bello de la Universidad Simón Bolívar; el Prof. G. Arnstein y el Prof. Omar Ovalles de la UCV.
PRIMERA RONDA DE PREGUNTAS
1. El Dr. Miguel Layrisse – Presidente de la Comisión redactora del Proyecto de Ley de Educación Superior; ex director del IVIC y del CONICIT y ex Rector de la UCV – expresó que le parecía muy interesante la idea formulada por el ponente, de incorporar representantes de fuera de los Consejos Superiores, tanto el General como los de las universidades, pero al mismo tiempo se preguntaba sobre cómo hacerlo.
Agregó que una posible salida a este problema, en vista de la gran importancia que se le da a la extensión en el proyecto de Ley, sería constituir un cuerpo amplio a nivel de la extensión, presidido por el rector de la institución e integrado por representantes del entorno o área de influencia de la universidad, de manera que la comunidad tenga la oportunidad de reclamarle a la Universidad lo que ésta puede hacer por ella.
2. El Dr. Miguel Laufer – Investigador del IVIC – manifestó su acuerdo con la propuesta del Dr. Ordóñez, ya que le parece muy importante que la comunidad intervenga en la operación de los institutos de educación superior; no en al dirección de ellos, pero sí en su orientación, y en tal sentido le parece conveniente la idea del Dr. Layrisse de hacerlo a través de organismos que coordinen la extensión.
Igualmente expresó que le parece muy buena la idea de las Redes Regionales como una sistematización de la regionalización; sin embargo, quiso llamar la atención hacia lo que considera «un vuelco radical» en la composición de los cuerpos de mando,* tal como está. propuesto en el Proyecto de Ley, en comparación a lo acostumbrado actualmente. Al respecto, el doctor Laufer opina que el Proyecto peca de excesivo reglamentismo, que puede llevar al peligro de que los directivos internos de las instituciones de educación superior puedan verse en relativa minoría o tener una representación apenas paritaria en relación a los representantes «no directivos» (representantes de profesores, estudiantes, empleados).
Esta situación se acentuaría al añadir en estos organismos a los representantes comunitarios.
3. La profesora Renata Hahn – del Instituto Politécnico de Guayana – se refirió a su experiencia en el Politécnico de Guayana, en el cual ha habido un repunte de los proyectos demandados por la industria y que la institución no puede satisfacer por no contar con los recursos necesarios.
En segundo lugar expresó sus dudas con respecto a la posibilidad de la integración, por ejemplo, en el caso de su región, de instituciones tan disímiles en cuanto a su esquema organizativo, gerencial y estructural, como la UDO, la Universidad de Guayana y el IUPG.
En su opinión ese aspecto ameritaría un análisis muy profundo de esas situaciones cuando se vaya a hacer el estudio de la Ley.
4′ Se refiere a los artículos correspondientes a la constitución de los Consejos Regionales, el Consejo Directivo de la red institucional y al Consejo Coordinador de la red interinstitucional.
1. Respuestas del Dr. Ordóñez – En respuesta a la inquietud del doctor Layrisse, el doctor Ordóñez apuntó que existen experiencias en Venezuela que han funcionado bastante bien y se refirió al caso del FUNDACITE de Centro Occidente, que es una instancia de coordinación de ciencia y tecnología, pero que se puede aplicar al caso de la educación superior. Este organismo funciona en base a dos Consejos: el Consejo Superior, que se reúne dos veces al año para fijar políticas y aprobar presupuestos, está presidido por el presidente de CONICIT y tiene representación de los gobernadores, rectores de las universidades autónomas y de los institutos no autónomos; y un Consejo Directivo, compuesto por investigadores y que incluye una serie de instancias de investigación de otros sectores de la vida nacional como el CIEOE, FONAIAP, etc.
En consecuencia, el doctor Ordóñez expresó que estaría completamente de acuerdo con que se creasen los Consejos de Extensión Regionales, con plena autonomía en su forma de organización, pero que contemplasen ese tipo de representación del entorno social, además de la educación superior. Esto podría resolver el problema que ha estado ocurriendo, de la disposición del financiamiento de la investigación dentro de las Universidades hacia la investigación aplicada, cuando lo lógico es que se financie al investigador básico mientras la investigación aplicada debe obtener un financiamiento externo de los usuarios. En el caso del IUPG, por ejemplo, gracias a la interacción con las empresas que está en el Consejo, se generan los proyectos y se generan los fondos.
En relación con este aspecto el doctor Ordóñez opinó que el Estado, vía los Ministerios, debería sacar a licitación sus necesidades de investigación, para que los investigadores puedan acceder a esas fuentes de recursos.
Otro aspecto en que deberían existir mecanismos de acceso de la sociedad a las decisiones de los directivos es en el nivel académico, enseñando cómo se obtienen financiamientos de Corpoindustria, cómo se puede constituir una pequeña o mediana empresa, etc,
Lo cual influirá en que el problema de los egresados sin trabajo fuese respondido en escalas de tiempo más breves y en que el sector de pequeñas y medianas empresas que tienen muy bajo nivel de conocimientos se permeen de tecnología, a través de los egresados universitarios,
En resumen, no debe haber decisión externa, pero sí instancias de consulta, de opinión, de toma de decisiones donde participen otros sectores. Finalmente el doctor Ordóñez expresó una duda que le suscita el Proyecto de Ley con respecto al sistema de responsabilidades; y es si las decisiones importantes son tomadas a nivel de los mismos CRES o si deberán ser pasadas a consulta del CNES. En el caso de los consejos superiores de instituciones, que defina el perfil de la institución.
Si en esos Consejos no hay un mecanismo para saber lo que está pasando externamente tenderán a convertir a la institución en un fin a sí misma. Es perfectamente viable en su opinión, visualizar dos o tres consejos: un Consejo de Investigación, un Consejo de Extensión y un Consejo Académico integrado y que en cada uno de ellos la proporción varíe.
2. Con respuesta a las dudas expresadas por la profesora Hahn sobre la integración, el doctor Ordóñez piensa que la Ley sí da una buena posibilidad para que ella se dé, pero lo que le preocupa es que se dé la integración interna entre las instituciones pero ninguna relación con su entorno. Especialmente en problemas de asistencia técnica deben existir mecanismos más acelerados para dar respuestas rápidas a los problemas existentes.
SEGUNDA RONDA DE PREGUNTAS
4 El Profesor Daniel Díaz – Representante de profesores en el Consejo Superior del 1UPG – se refirió a este Instituto, cuyo Consejo Superior parece funcionar en la realidad en calidad de Consejo interno, ya que toma decisiones sobre la problemática universitaria en general (admisión, administración, etc.) no siendo un organismo universitario especializado.
El Prof. Díaz opinó que el Consejo Directivo debería ser la autoridad máxima y que debería redefinirse el papel del Consejo Superior, como representante del entorno, que demande servicios, extensión, investigación, etc.
5. El Dr. José Roberto Bello – Rector de la Universidad Simón Bolívar.— Intervino con respecto á la integración de la Universidad con el sector externo expresando que, a su juicio, tal integración no depende del hecho de que se decrete o de que exista un órgano de coordinación, sino de las actitudes del personal interno de las instituciones y de cómo se valore en la institución el esfuerzo por responder al sector externo.
Á ese respecto, el doctor Bello opinó que existen aspectos que no pueden conciliarse. En primer lugar, si las instituciones van a valorar creación de conocimientos y excelencia académica, habría que ver qué se quiere decir con investigación y asistencia.
Un segundo problema radica en la exigencia de confidencialidad por parte de la empresa, que contrasta con la aspiración de la universidad de divulgar el conocimiento.
En tercer lugar, mientras el sector externo quiere la solución del problema, normalmente la institución se interesa en las causas y en la explicación del problema.
Por último está el problema de pedirle a la Universidad resolver ciertos problemas cuando generalmente no está preparada para ello, La forma de resolver estos problemas es, a su juicio, admitir las dife rencias entre las instituciones; algunas estarán preparadas para hacer asistencia técnica y otras no. La solución vía sistema, que ofrece el Proyecto de Ley, es la adecuada, pero debe ser un sistema que admita tales diferencias, porque los sistemas no deben conformarse con componentes iguales.
Con respecto a los Consejos que gobiernan al sistema opina que debe ser un mecanismo de coordinación y no de mando y deben admitir la diversidad de roles y funciones entre las instituciones.
En conclusión, el doctor Bello juzga conveniente que existan en las instituciones educativas unas estructuras que se ocupen de la interrelación con el sector externo, pero deben funcionar con reglas de evaluación distintas a las que se usan para el ejercicio de las otras actividades académicas.
Además, aclaró que el fin es institucional, la extensión es una responsabilidad institucional del sistema, pero no individual.
6: El Dr. Miguel Layrisse, apuntó al respecto que el Proyecto de Ley prevé una gran flexibilidad para las estructuras académicas y administrativas de las instituciones, pero que habría que reflejarla también en la composición del Consejo Superior.
7. El Profesor Gustavo Arnstein – de la Asociación de Profesores de la UCV – se refirió al hecho de que no se le puede pedir a la Ley de Educación Superior la responsabilidad de la idoneidad académica de las instituciones, puesto que ello le corresponde a los que dirigen las instituciones (y otros mecanismos: como emplear técnicos, salarios de excelencia, etc)
8. El Prof. Omar Ovalles – investigador del CENDES-UCV – expresó la necesidad de incluir la orientación hacia la integración con el entorno social en los propios contenidos educativos, y no sólo a través de los canales de comunicación según lo requiere el ponente,
Al respecto solicitó la opinión del doctor Ordóñez sobre la reciente discusión y eventual eliminación de un sistema de formación a nivel de la Escuela Básica, orientado a la conformación de una conciencia regional, como el caso del Programa de Acción Social e Identidad Nacional, a partir del rescate de la historia local y regional, como una manera de reafirmar esos valores del entorno. Pidió entonces la opinión del ponente sobre la desaparición de ese contenido regional del PASIM.
Respuestas del Dr. Ordóñez
1. Combinando las preguntas de los Prof. Arnstein y Díaz, el doctor Ordóñez respondió que no se había referido al Politécnico de Guayana como un modelo a seguir, pero si no existe la instancia formal de comunicación no se puede dar el “apoyo de la comunidad» que pide el doctor Arnstein, porque no se llega a conocer a la institución.
2. En relación a lo planteado por el doctor Bello, opinó que la responsabilidad no puede ser del docente individual pero que éste debe ser un “gerente de conocimientos” y de hecho lo hace normalmente en las dos funciones de investigación y docencia, y algunos hacen las tres, Entonces él cree que sí es posible visualizar los roles; la Institución cumple las tres funciones a través de su personal que se dedicará a ellas en proporciones variables, pero no a las tareas de apoyo administrativo, financiero, etc. Para eso la institución debe tener instancias especializadas.
También piensa que si hay motivación se pueden conciliar esos aspectos, que preocupan al doctor Bello, en los individuos. Un incentivo para que los profesores busquen la asistencia técnica y permitirle que cobren por un trabajo que es de alto nivel y que contribuiría al desarrollo del País y les permita a ellos competir con sus colegas profesionales que ganan 4 6 5 veces más. Además, debe reconocerse el valor académico de todas esas actividades, y eso la Ley lo apoya.
3. Para terminar el doctor Ordóñez reiteró que la regionalización
debe darse para que la región utilice mejor los recursos de la institución
educativa, pero no se justifica si sólo es para administrar más eficiente-
mente los recursos de la región para la docencia exclusivamente. Para
ello son eficientes las instancias.
A nivel nacional CORDIPLAN Y CNES pueden tener la información sobre las regiones y tomar las decisiones a nivel macro. Ahora si se trata de interactuar con la región, eso debería hacerlo el Consejo Regional, y para eso se debería ampliar la conformación de esos Consejos Nacional y Regionales. El doctor Ordóñez quiso recalcar que con eso se quería referir a la composición interna y al juego de poder.
Yajaira Freites
septiembre 6, 2023Gracias Luis por reproducir la ponencia y la discusión.